El Placer, mujeres, coca y guerra en el Bajo Putumayo
La población civil del Bajo Putumayo ha sido, por más de veinte años, configurada en blanco y negro: guerrilleros o paramilitares. El acelerado progreso de los cultivos de coca, tan atractivo para las mafias y los actores armados, convirtieron esta tierra, de infinitos recursos naturales y cosmogonías indígenas, en un escenario de guerra.
El Placer: mujeres, coca y guerra en el Bajo Putumayo es un recorrido por estas dos décadas de violencia impartida por las FARC y las AUC. Revela, también, los esfuerzos de resistencia de la población, promovidos, en especial, por las mujeres, quienes aún hoy persisten en un profundo anhelo por hacer memoria y romper con los estigmas que han marcado a su pueblo.
La inspección de policía El Placer del municipio del Valle del Guamuez ha sido un punto clave de este conflicto. Narcotraficantes, guerrillas y paramilitares dispersaron terror, miedo, amenazas, torturas y violencia sexual por el afán de controlar el negocio de la producción de hoja de coca. Como si fuera poco, durante los noventa, El Placer fue foco de fumigaciones con glifosato (fue en esta zona, precisamente, donde comenzó el Plan Colombia), cuando a sus alrededores se extendía una de las mayores áreas de cultivo de coca.
En los años noventa imperó la hegemonía guerrillera. Las FARC regulaban el negocio, administraban la justicia e intervenían en la cotidianidad de la población. En 1999 la expansión paramilitar en el sur de Colombia sembró al Bloque Sur Putumayo de las AUC en la zona. Empezó entonces una disputa por el poder territorial, económico, político y social. Durante siete años los paramilitares tomaron el casco urbano de El Placer como su base militar. Dado el prolongado tiempo de dominio de las FARC, los habitantes de El Valle y de El Placer fueron estigmatizados por las AUC como “guerrilleros de civil”.
‘Guerrillero’, ‘colaborador’, o ‘auxiliador’, fueron los rótulos con los que los paramilitares categorizaron a los campesinos de la zona, posteriormente amenazados o castigados. ‘Decente’, ‘indecente’, ‘prostituta’, ‘paraquera’ o ‘recorrida’, fue como resumieron los roles de las mujeres, limitando su participación en la comunidad y, en muchos casos, sometiéndolas al escarnio público.
Los pobladores de El Placer han decidido parar de guardar silencio. En este libro narraron sus historias y transmitieron sus dolores. Dejaron claro que son mucho más que un rótulo.
Justicia y Paz, tierras y territorios en las versiones de los paramilitares.
Desplazamiento y despojo de territorios. Uno más de los dramas que han sufrido las víctimas campesinas durante el conflicto armado. El 70% de predios abandonados o despojados por efecto del terror paramilitar están localizados en Urabá, la Costa Atlántica y Norte de Santander. Territorios de colectivos indígenas y afrodescendientes, cerca de 10 millones de hectáreas. El informe Tierras y territorios en las versiones de los paramilitares es una reconstrucción histórica a partir de las versiones libres rendidas por jefes de las AUC. Describe su apropiación de tierras por medio de vías violentas o de estafa con diversos objetivos, desde el control de zonas para sus operativos militares, hasta el interés económico de empresarios y multinacionales para la explotación de recursos naturales.
En el desenredo de sus motivaciones y acciones, los paramilitares han revelado, en cierta medida, la forma como la Casa Castaño, eje central de los bloques que operaban en las zonas analizadas en este informe, direccionaba sus operaciones militares, políticas y financieras, patrocinadas por las élites sociales y económicas de varias partes de Colombia. De esta manera se hizo público la existencia de la llamada ‘empresa criminal del paramilitarismo’ conformada por: narcotraficantes, jefes militares, autoridades locales y regionales, políticos clientelistas o emergentes y empresarios, ganaderos y terratenientes.
El informe del CMH desentrañó los elementos comunes que siguieron los bloques paramilitares estudiados para promover la expansión de su fuerza. El primero es la toma militar y el desplazamiento a sangre y fuego apoyados por la Fuerza Pública. A continuación, la apropiación, por actos violentos o fraudulentos de grandes extensiones de tierra. En tercer lugar, la asociación con empresarios privados, legales e ilegales para ejecutar proyectos económicos de largo aliento y sus ambiciosos estímulos. Por último, el repoblamiento de los territorios que ellos consideraban ganados a la guerrilla.
Otro aspecto que no pasa inadvertido en este informe es el que se refiere a la devolución de tierras y bienes ofrecidos por los paramilitares en sus declaraciones y que no corresponde a los realmente entregados al Fondo de Reparación de Víctimas. A esto se suma los debates sobre las tierras y bienes a nombre de testaferros o proyectos productivos que no podrían ser recuperados por el mismo camino.
Para la reconstrucción de esta historia, el CMH también tuvo en la cuenta los testimonios de organizaciones defensoras de los derechos humanos, periodistas, víctimas, abogados, hizo un seguimiento a medios de comunicación, así como a las sentencias de la Corte Suprema de Justicia, de los Tribunales de la Fiscalía, y de los organismos de control e investigaciones de entidades públicas y académicas.
Ley de Justicia y Paz, los silencios y los olvidos de la verdad
La Ley de Justicia y Paz es el resultado de una compleja investigación de los orígenes de las autodefensas en Colombia, su fortalecimiento, sus transformaciones, su historia. Los silencios y los olvidos de la verdad es producto de una observación minuciosa a esa historia y su papel en el diseño de esta ley, herramienta jurídica e histórica que se ha convertido en una importante obrera de la reconstrucción de la verdad del conflicto armado colombiano, pese las deficiencias fundamentales también señaladas en este informe.
En este libro el lector se sumergirá en un recorrido por el pasado, desde el momento en el que las autodefensas fueron concebidas como estructuras legales de apoyo al Estado. “En el año de 1965, bajo el gobierno de Guillermo León Valencia, fue expedido el Decreto 3398 de 1965 que rigió hasta el año de 1989, en virtud del cual los particulares colaboraban con las Fuerzas Armadas en la lucha contra la acción de la guerrilla”.
En adelante, el lector será guiado, año, tras año, decreto tras ley por el recorrido jurídico que se desprendió a raíz del empoderamiento de los grupos paramilitares. Así mismo recordará con detalles la sucesión del conflicto armado: violencia, guerrillas, autodefensas, desmovilización, amnistías, sometimiento a la justicia.
Viene entonces una profundización al proceso de desmovilización y, por supuesto, sus mayores debilidades señaladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “El Gobierno Nacional no tomó medidas básicas para verificar la identidad de los desmovilizados, pues en varias regiones se produjeron fraudes en las desmovilizaciones, que permitieron que fracciones de esos grupos siguieran operando (…) El
Gobierno no aprovechó la oportunidad para interrogar a los desmovilizados acerca de las redes delictivas y los bienes de los bloques de las AUC, lo que pudo haber determinado que algunos grupos reclutaran nuevos miembros y siguieran operando con otras denominaciones”.
El lector descubrirá cómo a dos años de que entrara en operaciones la Ley de Justicia y Paz la tarea ya se vislumbraba utópica. La Fiscalía tenía que atender a 40.000 víctimas y alrededor de 2.000 procesos adelantados contra paramilitares. Sólo contaban con 21 Fiscales y 150 funcionarios técnicos. De los 31.671 desmovilizados, menos del 10% se habían postulado, tan sólo 44 habían emprendido versión libre y apenas cuatro habían concluido.
Una vez pasada la página, en la segunda parte del libro, el lector viajará a los Montes de María. Después de la contextualización geográfica, histórica y económica de la región, empezará su recorrido por la formación (1997) y despliegue del Bloque Montes de María, derivado del Bloque Norte y dependiente de la Casa Castaño, liderado por Rodrigo Antonio Mercado Pelufo, alias Cadena. Una vez más, como en todos los recuentos históricos de las actividades paramilitares encontrará desplazamientos, masacres, homicidios, violencia sexual y desapariciones.
El último capítulo analiza las versiones libres de dos paramilitares, Edward Cobos Téllez, alias Diego Vecino y Úber Bánquez, alias Juancho Dique, rendidas entre 2007 y 2008. Antes de cerrar la contraportada, el lector conocerá detalles de sus confesiones. 1000 hechos delictivos, 700 de ellos documentados por la Fiscalía y su declaración del proyecto político que adelantaban las AUC en la región alterno a sus acciones militares.
Los silencios y los olvidos de la verdad deja un sabor a frustración e indignación. Su análisis a las declaraciones de jefes paramilitares revela que, en sus términos, sus actos fueron una justa respuesta al la pérdida del orden que sufrieron las legítimas autoridades frente a la guerrilla. Fueron héroes defensores de sus derechos. “Los desmovilizados no asumieron una actitud de arrepentimiento (…) Prevaleció el uso justificatorio de los medios de violencia contra la población civil, excusado en que tales medios se inscribían en aparatos de cumplimiento de órdenes superiores”, señala el informe.
Nuestra vida ha sido nuestra lucha. Memoria y resistencia en el Cauca indígena
La población indígena colombiana, considerada por muchos, los verdaderos herederos de esta tierra, ha sido por siglos la más ignorada y atropellada de todos los grupos sociales que habitan este país. Su trabajo, incansable, ha sido resistir y asegurar la sobrevivencia de su cosmovisión. El Centro de Memoria Histórica presenta su más reciente investigación sobre pueblos indígenas. Paéces, yanaconas, guambianos, coconucos, emberas e ingas del departamento del Cauca narran la historia de su participación política y su supervivencia en medio de las balas, el desplazamiento, las desapariciones forzadas, las masacres y la indiferencia de millones de sus hermanos menores.
Nuestra vida ha sido nuestra lucha, es la reconstrucción de la memoria de los indígenas caucanos desde la formación de sus primeras asociaciones en los años 60, pasando por su participación en la Constituyente de 1991, hasta el camino que recorrieron con firmeza en las marchas de la primera década del siglo XXI. Toda esta actividad ha estado concentrada en tres demandas históricas, identificadas por lo investigadores del CMH: Unidad de tierras, unidad de culturas y autonomía.
La oportunidad de entender el trasfondo de estas demandas a través del informe del CMH se da precisamente en el momento en el que la etnia Nasa-Paez del norte del Cauca alza su voz una vez más. Durante lo últimos meses esto ha tenido repercusión en la agenda noticiosa del país: imágenes de desalojo, análisis de los medios y declaraciones encontradas han sido el pan de cada día. Su grito por el respeto a la autonomía territorial tiene, en esta ocasión, otros reclamos puntuales: seguridad alimentaria y el retiro de las concesiones a multinacionales para la exploración y explotación minera y energética en sus territorios.
La forma de vida actual de los indígenas en el Cauca ha sentado sus bases en los ecos de las luchas de sus antepasados contra los conquistadores españoles, que hoy son motores de resistencia frente a los poderes que atentan contra su autonomía: invasiones culturales, políticas, armadas, apropiación de los recursos naturales de sus tierras, explotación de sus comunidades, etc.
Una salvedad importante sobre este informe que queda clara desde el prólogo es la pluralidad de voces que el lector encontrará en los diferentes capítulos. Esto se debe a que los investigadores encontraron que es imposible hablar de una sola “memoria” para todos los pueblos indígenas, así que optaron por aproximar al lector a distintas “memorias” sin temer a los matices y contradicciones que pueden hallarse entre ellas.
